La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose. En el primer semestre de 2026, creció 19.4%, mientras que la de origen legal cayó 5.9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado.

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Envíos de oro de origen ilegal podrían superar las 120 toneladas en 2026

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Para el cierre de 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú.

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Los elevados precios internacionales y la incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal impulsan su expansión. En lo que va del 2026, el oro registró un precio promedio de US$ 4,500 por onza, 44% más que en el mismo periodo de 2025, cuando promedió cerca de US$ 3,125 por onza. JP Morgan proyecta que el promedio anual llegaría a US$ 4,545, el doble del registrado durante los últimos cinco años.

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En este contexto, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzaría al menos los US$ 16,000 millones y podría superar los US$ 18,000 millones. Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y 39% más que en 2025 (US$ 11,500 millones). Así, la minería ilegal continúa consolidándose como la economía ilegal que genera más dinero, duplicando el tamaño del resto de actividades ilícitas.

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La minería ilegal prolifera bajo el amparo legal del Reinfo

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Desde la creación del Reinfo en 2016, apenas el 2% de sus inscritos culminó la formalización y, pese a que el registro ya fue prorrogado cinco veces, el Minem no descarta extender nuevamente su vigencia más allá de diciembre de 2026.

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Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también ha facilitado el avance de esta actividad sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.

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La minería ilegal también afecta operaciones formales, como Poderosa en La Libertad y Las Bambas en Apurímac, así como áreas destinadas a proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. El IPE estima que están en riesgo proyectos que representan en conjunto más de US$ 12,000 millones de inversión.

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Se requiere una estrategia integral para combatir la minería ilegal

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Enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido. Esto requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados. Asimismo, urge implementar una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza.

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En esa línea, el Ejecutivo ha solicitado facultades para actualizar las normas sobre formalización y trazabilidad minera, simplificar procedimientos y brindar asistencia técnica para el desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos. En paralelo, ha anunciado también que presentará una nueva ley MAPE.

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